18/12/2023

En un mundo donde se ha globalizado la indiferencia es hora de mirar a las personas migrantes desde su más profunda dignidad. No podemos construir el futuro sin la defensa de la inquebrantable integridad de la persona.

Según la estimación mundial actual de las Naciones Unidas, en 2022 había en el mundo cerca de 300 millones de personas que viven en un país distinto al que nacieron, de un total de 8000 millones de personas.

Migrar es una forma de adaptación, de respuesta a las condiciones adversas del medio, condiciones de vida, oportunidades, pobreza, injusticia, violencia, necesidades primarias insatisfechas, inseguridad alimentaria, cambio climático, y en no pocas ocasiones persecución o desesperación. Sea por obligación, sea por pura supervivencia o sea por elección propia, no es nada fácil dejar atrás tu país, tu familia, tus amistades, tu casa.

España fue, hasta hace pocos años un país de emigrantes, y aún hoy muchas personas españolas buscan oportunidades en otros países, pero con una diferencia sustancial: éstas no necesitan exponerse a peligros en su experiencia migratoria, ni correrán el riesgo de acabar en unas cárceles llamadas CIE,s (Centros de Internamiento de Extranjeros) donde se priva de libertad a seres humanos sin haber cometido ningún delito.

El capitalismo despiadado que esquilma recursos y empobrece a los países del sur, obliga a muchas personas a migrar, cruzando fronteras cerradas para ellas, sometiéndolas a mafias sin escrúpulos y a rutas migratorias cada vez más peligrosas, siendo incontables las muertes y las fosas sin nombre de personas desaparecidas en el mar y en el desierto. Para evitar tanta desolación es absolutamente necesario habilitar vías libres y seguras para las personas que viajan.

Y, aunque se logre sobrevivir al calvario migratorio, llegar al país de acogida no es el final de las penalidades; la persona inmigrante se enfrenta a una nueva realidad: una situación administrativa irregular que los arroja a la precariedad y a la exclusión social. El hecho de “no tener papeles”, les obliga a sobrevivir como pueden en la economía sumergida, sometidas a abusos de todo tipo, sin contratos, con empleos de muy baja calidad, sin horarios, con salarios miserables, y en condiciones de trabajo precarias, privándoles de derechos universales como la sanidad o los servicios sociales.

Es por ello que, reivindicamos la necesidad de que todos los poderes públicos se coordinen para promover una plena integración de las personas extranjeras en la sociedad, dotando a las organizaciones de recursos humanos y económicos suficientes para que puedan realizar una óptima acogida de las personas refugiadas y migrantes.

Del mismo modo, valoramos de forma positiva la agilización de los trámites administrativos para el acceso a los recursos que garanticen los derechos de estas personas, tanto a nivel de administración central, como autonómica, provincial y local.

Los Colegios Profesionales de Educación Social firmantes creemos firmemente que el futuro se construye también preparando a nuestras comunidades para ser acogedoras y hospitalarias. Un futuro “con todos y todas” se forja incorporando la experiencia y la novedad de la persona migrada que ya vive entre ellas, y de las personas migrantes que llaman a las puertas.

Manifiesto.